Economía.- El sector del efectivo alerta de que evitar su uso lastra la competitividad y dispara la exclusión social

EUROPA PRESS

Patronal y sindicatos del sector del dinero en efectivo han advertido a las administraciones públicas que evitar su uso lastrará la competitividad de los pequeños comercios y las tiendas de proximidad, impactará en los colectivos más vulnerables, contribuyendo con ello a la exclusión social, y condicionará la libertad de los ciudadanos de decidir contar con una mayor independencia de los bancos.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) –entre las que se encuentran Prosegur, Loomis, Ilunion, Securitas y Eulen–, y los sindicatos UGT, CC.OO. y USO, urgen a las autoridades a que eliminen “el injustificado daño reputacional” que se le está infringiendo al uso del efectivo “de forma reiterada”.

Se refieren, en concreto, a las guías y recomendaciones difundidas por organismos públicos que incluyen referencias a la conveniencia de evitar el uso del efectivo durante la fase de desescalada, y promover, por el contrario, las tarjetas y otros medios de pago.

Sin embargo, varios organismos nacionales e internacionales, como el Banco Central Europeo, la Organización Mundial de la Salud y distintos bancos centrales, ya han afirmado que no existe evidencia científica sobre el riesgo añadido de utilizar el efectivo, por lo que no supone una práctica peligrosa superior en el momento del pago.

“ESTRANGULAMIENTO” PARA LA ECONOMÍA
Según han trasladado a Europa Press fuentes del sector, estas recomendaciones, que ya se han materializado en algunas regiones como en Madrid donde no se permite el pago en efectivo en los autobuses, han creado “una alarma” en el conjunto del sector.

En caso de que se propague esta idea y se limite su uso como medio de pago, la economía del país sufrirá un “estrangulamiento”, según las mismas fuentes, ya que afectará a los más vulnerables, que son los que más uso hacen del dinero en efectivo, sobre todo, ahora que los ingresos han caído y millones de trabajadores se encuentran adscritos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Se trata de los 12,3 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y cuyo nivel de bancarización en inferior, o los más de dos millones de pensionistas que no viven acompañados de los nueve millones que hay, que recurren “de forma muy mayoritaria” al efectivo.

De hecho, el sector advierte de que la restricción de las monedas y billetes “condiciona la libertad” de los ciudadanos que no quieren asumir los costes adicionales que puedan requerir las tarjetas bancarias o, incluso, de aquellos que no quieren ver “monitorizada” su vida o tener menos dependencia de los bancos.

Por ello, cree que estas limitaciones al efectivo suponen optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar su “completa privatización”, al mismo tiempo que impacta de forma directa en la competitividad de los pequeños comercios y tiendas de proximidad en detrimento de las grandes superficies, que cuentan con más recursos para gestionar los pagos con tarjeta.

A todo ello se suma poner en riesgo el empleo de más de 5.000 profesionales de la industria del transporte y la gestión del efectivo, generando “consecuencias muy perjudiciales” para una economía, como la española, que, por ejemplo, deberá de continuar recibiendo a los turistas que quieran seguir utilizando también el efectivo como medio de pago.

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